El Gobierno presentó un proyecto que obligaría a las principales plataformas a verificar que sus usuarios tengan al menos 16 años. El sistema podría recurrir a datos de la cuenta, estimación facial, identidad digital o documentos oficiales.
Nueva Zelanda presentó un proyecto de ley para impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales consideradas de alto riesgo, como Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook. La iniciativa también contempla nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas y multas que podrían alcanzar hasta el 10% de su facturación mundial si no cumplen con las normas.
La propuesta, denominada Online Safety (Minimum Age and Child Safety Risk Assessment) Bill, fue anunciada este lunes 24 de agosto por el Gobierno del primer ministro Christopher Luxon y será tratada por el Parlamento. Por ahora, su aprobación no está asegurada.
El proyecto no establece sanciones para los menores que intenten acceder a una plataforma ni para sus padres o responsables. La obligación recaería sobre las empresas, que deberían adoptar medidas razonables para comprobar que cada usuario cumple con la edad mínima.
Cómo comprobarán que un usuario tiene más de 16 años
Uno de los puntos centrales de la propuesta es precisamente cómo demostrar la edad de una persona en Internet sin convertir cada ingreso a una red social en un trámite de identificación.
El texto contempla diferentes métodos. Las plataformas podrían analizar información que ya poseen sobre una cuenta, recurrir a sistemas de estimación de edad mediante el rostro, utilizar servicios de identidad digital o solicitar algún tipo de documentación oficial. No establece que todos los usuarios deban presentar un documento ni impone un único mecanismo de verificación.
Cada alternativa implica un nivel diferente de acceso a información personal.
El análisis de una cuenta, por ejemplo, puede utilizar datos que la plataforma ya conoce sobre el usuario para intentar determinar si su edad declarada resulta coherente. Los sistemas de estimación facial, en cambio, procesan una imagen para calcular una edad aproximada.
Esta tecnología no es necesariamente equivalente al reconocimiento facial destinado a identificar a una persona. Sin embargo, puede requerir el procesamiento de imágenes y plantillas biométricas, consideradas información sensible bajo diferentes marcos de protección de datos.
La verificación mediante documentos oficiales puede ofrecer mayor certeza, pero también obliga a manejar información como la fecha de nacimiento y otros datos identificatorios. Las autoridades australianas de privacidad, que ya estudian estos mecanismos por la aplicación de una regulación similar, recomiendan recopilar la menor cantidad posible de información y eliminarla cuando deja de ser necesaria para comprobar la edad.
El problema de verificar la edad sin perder privacidad
El desafío que plantea este tipo de regulaciones no consiste solamente en determinar quién tiene 15 años y quién tiene 16. También obliga a decidir cuánta información personal debe entregar un adulto para demostrar que es adulto.
Un mecanismo demasiado sencillo puede ser fácil de eludir. Pero uno demasiado estricto podría terminar exigiendo documentos, imágenes del rostro u otros datos sensibles a millones de usuarios que hasta ahora no necesitaban identificarse para abrir una cuenta.
Los organismos que estudian los sistemas de verificación de edad recomiendan que estas tecnologías sean proporcionales al riesgo, que permitan métodos alternativos y que no reutilicen la información obtenida para otros fines. También advierten sobre posibles errores en las estimaciones automáticas y sobre la necesidad de ofrecer mecanismos para reclamar cuando un usuario es clasificado con una edad incorrecta.
El proyecto neozelandés también va más allá de las redes sociales tradicionales. El futuro regulador podría alcanzar a plataformas de acompañantes basados en inteligencia artificial, una categoría que creció con la aparición de chatbots diseñados para mantener relaciones personales o conversaciones prolongadas con sus usuarios.
Además, las plataformas utilizadas por menores deberían evaluar periódicamente los riesgos de sus servicios y explicar qué medidas adoptaron para reducirlos. El cumplimiento quedaría bajo supervisión de un nuevo organismo de seguridad online que funcionaría dentro del Departamento de Asuntos Internos de Nueva Zelanda.
Australia, el antecedente que Nueva Zelanda mira de cerca
Nueva Zelanda no sería el primer país en establecer una barrera de este tipo. Australia aplica desde el 10 de diciembre de 2025 una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en varias de las principales redes sociales.
Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y otras plataformas deben tomar medidas razonables para impedir que los menores mantengan o creen cuentas. Al igual que en el proyecto neozelandés, las sanciones recaen sobre las compañías y no sobre los chicos o sus padres.
La experiencia australiana también muestra hasta qué punto puede ampliarse la tecnología necesaria para controlar la edad. Las plataformas pueden analizar desde características de una cuenta hasta imágenes, voz, actividad, conexiones con otros usuarios y diferentes señales técnicas para detectar posibles menores que hayan superado el primer control.
Pero que Nueva Zelanda adopte finalmente un sistema similar todavía está por verse.
New Zealand First, uno de los partidos que integra la coalición del Gobierno de Luxon, adelantó que no apoyará el proyecto. Su líder, Winston Peters, cuestionó este tipo de restricciones y sostuvo que la responsabilidad por el acceso de los menores a las redes sociales debe permanecer principalmente en manos de los padres.
El debate parlamentario definirá ahora si Nueva Zelanda se suma al modelo australiano. En caso de avanzar, la discusión no estará limitada a qué edad se puede abrir una cuenta: también deberá resolver hasta dónde pueden llegar las plataformas para comprobar quién está detrás de la pantalla.