Estados Unidos lanzó un proyecto llamado Freedom.gov con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos bloqueados en países europeos mediante una herramienta similar a una VPN.
Aunque ya hay online una versión preliminar de la herramienta, todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento y continúa en desarrollo. Según fuentes oficiales, la iniciativa busca que los usuarios puedan navegar como si estuvieran conectados desde territorio estadounidense, eludiendo restricciones locales y limitaciones impuestas por gobiernos europeos.
La iniciativa, atribuida al Departamento de Estado de los EE.UU., se presenta como una defensa de la “libertad digital”. Sin embargo, la propuesta reavivó un debate más amplio: ¿qué ocurre cuando lo que es legal en un país es delito en otro? ¿Y cuál es la diferencia entre “liberar discursos” y “liberar contenidos” protegidos por derechos de autor?
Libertad de expresión y modelos regulatorios en tensión
En el sistema constitucional estadounidense, la libertad de expresión tiene una protección especialmente amplia. La Primera Enmienda limita de manera estricta la posibilidad de que el Estado restrinja discursos, incluso aquellos que resulten ofensivos o extremistas, salvo excepciones muy específicas.
En gran parte de Europa, en cambio, el equilibrio es distinto. Varios países penalizan el negacionismo del Holocausto, la propaganda nazi o determinados discursos de odio. Allí aparece la fricción: un contenido alojado en territorio estadounidense puede ser perfectamente legal bajo ese marco constitucional, pero constituir un delito si es consumido o difundido desde un país europeo con legislación más restrictiva.
Internet es global, pero el derecho penal no lo es. Cada Estado define qué conductas son delito dentro de su territorio, y el principio de territorialidad sigue siendo central. Que una conexión utilice una VPN o que un servidor esté en otro país no modifica necesariamente la jurisdicción aplicable si la persona se encuentra físicamente en el país donde la conducta está prohibida.
VPN, legalidad y límites
El uso de una VPN no es ilegal en sí mismo ni en Estados Unidos ni en Argentina. Es una herramienta de privacidad y seguridad ampliamente utilizada. La eventual ilegalidad depende de la conducta concreta.
En materia de copyright, por ejemplo, descargar o distribuir obras protegidas sin autorización puede violar normas como la Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos, o la Ley 11.723 en Argentina. En esos casos, la infracción no surge de la vulneración del derecho de autor, no por usar una VPN.
¿Liberar discursos o liberar contenidos?
El debate se vuelve más complejo cuando se comparan dos planos distintos: la circulación de ideas y la protección de obras creativas.
La libertad de expresión es considerada en Estados Unidos un derecho estructural del sistema democrático. El temor histórico que atraviesa su doctrina constitucional es el abuso del poder estatal para silenciar voces incómodas. Por eso el estándar para restringir discursos es extremadamente alto.
El copyright, en cambio, protege un derecho patrimonial. No es un derecho absoluto ni permanente: es territorial y tiene un plazo limitado. Su finalidad es incentivar la creación y permitir la explotación económica de la obra.
Desde esa perspectiva, “liberar discursos” suele justificarse en nombre de un derecho fundamental. “Liberar contenidos” protegidos implica afectar directamente la titularidad económica de un autor o productor.
Sin embargo, el contrapunto no desaparece. Desde una mirada social, ciertos discursos de odio pueden generar daños colectivos profundos, mientras que una descarga ilegal produce un perjuicio económico individual o empresarial. Para muchos sistemas europeos, ese riesgo social justifica mayores límites a la expresión.
La diferencia entre Estados Unidos y Europa radica en sus enfoques sobre la libertad de expresión y la protección de contenidos: mientras EE. UU. prioriza la prevención de la censura estatal, buena parte de Europa pone el énfasis en la protección de la dignidad y el orden público frente a determinados discursos. Este contraste influye directamente en la manera en que iniciativas como Freedom.gov podrían operar.
Soberanía digital y conflicto internacional
Freedom.gov se inserta en ese escenario. Si un Estado facilita el acceso a contenidos que otro Estado considera ilegales, la discusión deja de ser meramente tecnológica y pasa a ser diplomática.
No se trata de que algo sea legal e ilegal al mismo tiempo. Es legal en un territorio e ilegal en otro. La tensión surge porque la infraestructura digital permite que esas fronteras sean fácilmente atravesadas.
El debate surge porque iniciativas como Freedom.gov permitirían acceder a contenidos bloqueados en algunos países europeos, donde la legislación penal y civil establece límites específicos sobre ciertos discursos y servicios en línea.
Con Freedom.gov, Estados Unidos impulsa una visión amplia de libertad informativa. Europa sostiene un modelo con mayores límites en determinados discursos. Entre ambos enfoques se juega una discusión que excede una página web: qué entendemos por libertad en la era digital y quién decide sus fronteras.