El anuncio del Gobierno español de elevar a 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales abrió un debate inmediato dentro del sector tecnológico. La medida, presentada por el presidente Pedro Sánchez durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, apunta a responder a la preocupación creciente por el impacto de estas plataformas en la salud mental y la seguridad de los menores.
Sin embargo, especialistas advierten que el enfoque, si se aplica de manera aislada, puede resultar insuficiente y hasta contraproducente.
España no está sola en este camino
Australia implementó una prohibición similar desde diciembre de 2025 y Francia analiza restricciones de este tipo, mientras otros países europeos discuten alternativas regulatorias. El consenso político avanza, pero desde el ámbito técnico y profesional aparecen matices importantes sobre su efectividad real.
Desde el Consejo General de Ingeniería Informática (CCII) valoran positivamente el anuncio, al considerarlo una respuesta a una inquietud legítima de familias y sociedad. No obstante, remarcan que limitar el acceso por edad no puede convertirse en la única herramienta. Su presidente, Fernando Suárez, advierte que “limitar el acceso puede generar una falsa sensación de seguridad si no va acompañada de una educación digital para los menores, formación para las familias y para los docentes y una implicación real de las plataformas tecnológicas”.
El organismo subraya que los riesgos digitales no se concentran solo en las redes sociales. “Videojuegos, plataformas de streaming, mensajería, apuestas online o contenidos generados por inteligencia artificial forman parte del ecosistema digital al que los menores están expuestos diariamente”, señalan. En ese contexto, el CCII plantea la necesidad de una estrategia integral que promueva el uso crítico, responsable y saludable de la tecnología, sin caer en enfoques que la demonizan.
La mirada es compartida por AMETIC, la asociación que representa a la industria digital en España. Desde allí coinciden en que la colaboración entre industria, administraciones públicas, familias y sistema educativo es clave. También alertan que “prohibir o imponer límites rígidos al acceso a redes sociales es una solución que puede resultar ineficaz e incrementar brechas a largo plazo”.
En su lugar, proponen priorizar el interés del menor en el diseño de productos y servicios digitales, con niveles de protección graduados según edad y riesgo, configuraciones seguras por defecto y herramientas que permitan a las familias tomar decisiones informadas.
El debate técnico también alcanza a los mecanismos de control
Para el CCII, la verificación de edad es viable desde el punto de vista tecnológico, siempre que se implementen “sistemas robustos, supervisados y que cumplan con los estándares legales y éticos”. En esa línea, recuerdan que junto a la Agencia Española de Protección de Datos presentaron un sistema de verificación para Android e iOS que permite acreditar la mayoría de edad sin ceder ni almacenar datos personales, alineado con los requisitos legales y el decálogo de protección de menores.
El trasfondo del debate deja en claro que el desafío excede una prohibición normativa. Diseñar entornos digitales más seguros implica una responsabilidad compartida, donde la regulación conviva con educación, mejores diseños tecnológicos y una supervisión efectiva. Para los expertos, el verdadero reto no pasa solo por cerrar puertas, sino por enseñar a transitar un ecosistema digital que ya forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes.